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En Venezuela somos varias decenas de miles de funcionarios judiciales activos y otros varios miles mas de jubilados y Pensionados del Poder Judicial, en total cerca de 30 mil personas, que desde hace 5 años sufrimos el incumplimiento de pagos y beneficios previstos en el 2o Convenio Colectivo de Trabajo por la negativa a ello de parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del Tribunal Supremo de Justicia. Del mismo modo observamos que los demás entes públicos vinculados al sistema de administración de justicia en Venezuela, han sido beneficiados en los últimos 3 años con importantes mejoras salariales, para lo cual se les han aprobado recursos extraordinarios que efectivamente les han sido cancelados. En nuestro caso los recursos extraordinarios aprobados para el pago de los compromisos con los trabajadores no se han concretado en la cancelación de lo adeudado desde el año 2008, por aplicación de nuestro II Convenio Colectivo de Trabajo vigente. Por el contrario, en forma insólita la DEM suscribió un Acta con uno de los sindicatos judiciales el 26-10-2011, a través de la cual los firmantes en forma inconsulta con la base de tribunalicios, pretenden desconocer los derechos y beneficios previstos en esa contratación colectiva y por ello la impugnamos ante la Inspectoría Nacional del Trabajo, sin que hasta la fecha haya pronunciamiento alguno, así como tampoco existe el pronunciamiento que debe hacer el Ministerio de Finanzas en relación al impacto económico que lo acordado en esa acta implica a la DEM. Es decir la mencionada acta no es mas que una maniobra para no cancelar lo que se nos adeuda. Miles de excusas administrativas como de tipo sindical y de representación de los tribunalicios han alegadas por la DEM para evitar el pago de lo que por derecho nos corresponde y que nos hemos ganado en buena lid. Esa deuda crece cada mes más en forma importante y la misma debe ser honrada por estar firmada y homologada desde el 2005, ante el órgano competente.
Por ello, y con todo respeto, ciudadano Presidente, solicitamos su intervención ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para que nuestros pasivos laborales sean cancelados prontamente por tener derecho a ellos y necesitarlos ante la alta inflación económica que nos afecta a todos, en especial a una significativa mayoría de funcionarios judiciales con cargos de niveles bajos y medios como a los jubilados y pensionados del mencionado ente público, que ven extremadamente limitadas y mermadas sus pensiones o asignaciones mensuales.
Atentamente,
Pablo Guerrero
C.I. 5565945
Jubilado
Presidente de Asoc. de Jubilados y Pensionados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, del Estado Mérida.
Asojupedemm.

email: mrdpguerrero@gmail.com.

Pablo Guerrero Pdte de Asojupedemm